Madrid despide el año con una marcha reivindicativa

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El 30-12-23 por la mañana tuvo lugar en Madrid una Marcha motorizada reivindicativa por autopistas y calles para protestar por las nuevas restricciones que entrarán en vigor a partir del 1-1-24 dentro del plan Madrid 360, en la que participaron cerca de 200 vehículos entre coches, motocicletas y furgonetas.

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La misma salió de Valdebebas y recorrió varios tramos de la M-40, y calles de Hortaleza, Canillas, Canillejas, Ciudad Lineal, La Elipa, Moratalaz, Vallecas, pasando por el puente de Ventas y finalizando frente a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, sede del gobierno regional que tanto dice defender a los madrileños y la “Libertad”.

Los vehículos estaban decorados con carteles como "Nosotros pagamos, nosotros circulamos", "Políticos mi vehículo no va al desguace: Votaré en consecuencia", o "Libertad de circulación", que llamaron la atención de los peatones y otros conductores.

La entrada en funcionamiento de la nueva fase de la Zona de bajas emisiones “Madrid ZBE” (Madrid Total) de 604 km2 supone que desde el 1-1-24, unos 440.000 turismos de residentes en la Comunidad de Madrid que no pagan el IVTM en la capital no van a poder circular por ninguna vía pública urbana de titularidad municipal del municipio de Madrid, con las dificultades que esto va a suponer para llegar a centros de trabajo, hospitales, colegios, guarderías, clínicas veterinarias, comercios, talleres, hostelería, etc...

Esto supone realizar una triple discriminación en los criterios de acceso y circulación: entre propietarios de turismos y de otros vehículos; entre personas que pagan el IVTM en un municipio y los que no lo pagan; y en función de la antigüedad del vehículo.

Si los coches que no pueden circular son los más antiguos y los que sí pueden hacerlo son los más modernos (y los más caros) ¿Se regula la libre circulación de los ciudadanos en función de su renta y patrimonio?

Todos estos vehículos se van a derivar hacia autopistas como la M-40 o M-50 aumentando el tráfico y los atascos, y por tanto provocando más contaminación, más kilómetros recorridos para llegar al destino y más gasto en combustible, o en otros casos a un mayor uso del transporte público, que no está preparado para absorber al 62% de dichos conductores (272.000 personas) que son los que estima el ayuntamiento que tendrán que usar el transporte público, todo dentro de una situación de inflación y crisis económica donde muchas familias no pueden renovar su vehículo. Para muchos autónomos su vehículo es imprescindible para desarrollar su trabajo, y para muchos asalariados es necesario para poder desplazarse en un tiempo prudencial a su trabajo.   Estas restricciones al uso del vehículo privado suponen además cientos de horas perdidas de nuestras vidas al año, en las que se pierde conciliación familiar y tiempo personal. Y el tiempo amigos, no tiene precio y no puede recuperarse.

Es interesante recordar que los vehículos son de personas, que muchas viven fuera de núcleos urbanos y necesitan ir a trabajar. No todo el mundo puede ir a trabajar en transporte público porque no todo el mundo vive en lugares con autobuses, metro o cercanías a una distancia y con horarios razonables, y el plan de crear aparcamientos disuasorios en la periferia por parte del Ayuntamiento (gobernado por el Alcalde que iba a acabar con Madrid Central y eliminar las restricciones) lleva años paralizado.

 

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